Blog

La comunicación es la gran herramienta con la que los seres humanos han logrado, poco a poco y a lo largo de su corta historia, desarrollar todo lo que pudo desarrollar. Sin embargo, la comunicación también resulta ser un medio productor de grandes perjuicios y malestares, cuando el emisor o el receptor del mensaje encuentran discordancias graves en su contenido. Es así que su ejercicio puede ser muy fructífero, pero también a través de ello puede darse lo contrario.

En la actualidad, las posibilidades de comunicar se han democratizado casi al máximo de sus posibilidades, permitiendo a cualquier persona expresar el mensaje que desee por canales de comunicación de muy fácil y rápida difusión.

En ese contexto, no faltan las alocuciones malintencionadas, las publicaciones falsas y los anuncios que nacen con la única intención de generar daños -aunque disfrazados de buenos fines-.

El derecho tiene varias herramientas para responder ante estas situaciones. Partiendo de la prohibición constitucional de la censura previa (Que no resulta ser absoluta, pues existen remedios judiciales preventivos que la emulan. Estos no son tratados en este artículo.), las publicaciones que de algún modo generen daños a terceros tienen posibilidades de tratamiento en sede penal (a través de acciones privadas por los delitos de calumnias, injurias o violación de secretos), en el fuero civil, que serán tratadas aquí y también aquellas que parten procesalmente por autorización constitucional (acciones o recursos de amparo).

Es necesario mencionarse que, en el marco de las acciones civiles, existen acciones orientadas a prevenir daños y otras a obtener una justa indemnización cuando el daño ya se produjo. Es sobre estas últimas que hablaremos aquí.

Se dice, en los pasillos donde se discute derecho y justicia en nuestro país, sea en ámbitos académicos o propiamente judiciales, que nuestro país es muy celoso de la libertad de expresión. Esto es así, y lo es por imperio del Artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, que con toda claridad establece que  “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: […] de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.”

Ahora bien, el Art. 14 refiere a la expresión “ideas”, como posibilidad del enriquecimiento de la población con lo que se dice, y no a expresiones de cualquier contenido. Continuando, expresa la doctrina: “Al prohibir toda restricción anterior a la publicación, no consagraron los constituyentes la impunidad de la prensa; lo que prohibieron fue cualquier clase de censura o restricción antes de la publicación. Pero sin duda corresponderá la sanción con posterioridad a la publicación si el objeto es criminal o si se daña el honor de las personas, pero ninguna restricción previa.” (Catucci, Silvina G. Libertad de prensa. Aspecto constitucional, penal y procesal. Prólogo del Dr. Germán J. Bidart Campos; Ed. Ediar, 2004, p. 20.)

A partir de lo dicho y en una interpretación no forzada del mismo, se constituye la libertad de expresión en un innegable pilar para el sostenimiento de nuestra democracia republicana, encontrándose expresamente prohibida la censura previa en cualquiera de sus formas (sea a través de actos del gobierno, de particulares o de leyes –Cfr. Art. 32 del mismo cuerpo legal).

Ello se conjuga con lo expresado por la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, que reza: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

Sin embargo, y aún cuando no entra en discusión la vigencia de tal principio, lo cierto es que este derecho no es absoluto, encontrándose limitado por la posibilidad de acciones judiciales que prevengan futuros daños y por la responsabilidad que se exige a quien ofenda el honor de otros con sus publicaciones. De esto último y como se mencionó previamente, se ocupa parte de la legislación penal y la legislación civil reparatoria -y es sobre este último punto que nos ocupamos aquí-

Expresó Dalmacio Vélez Sarsfield en la Convención de 1860 (1° de mayo) que “El pueblo necesita conocer toda la administración, observarla y aún diré dirigirla en el momento en que se separe de sus deberes (…). Hoy es sabido en el mundo que los mayores adelantamientos materiales y morales de los pueblos, son debidos a la prensa, al pensamiento de los hombres (…). Sin la absoluta libertad de imprenta, no se puede crear hoy el gran poder que gobierna a los pueblos y dirige a los gobernantes: la opinión pública.”

Tiene dicho al respecto nuestra Corte Suprema que “En la práctica, la prensa actúa como un medio de contralor de las instituciones y sus hombres, y rinde un servicio de inestimable valor para el afianzamiento y salud del sistema y las instituciones republicanas” (CSJN, Costa, Héctor R. v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y otros, Fallos: 310:508, voto del Dr. Fayt.). Y también, que “La prensa tiene una situación estratégica en la sociedad contemporánea. Saber qué pasa, estar informado, acceder a la verdad objetiva, constituyen reclamos de nuestro tiempo.” (CSJN, Verbitsky, Horacio y otros, s/denuncia, Fallos: 312:916.)

Así lo reafirma la Corte Suprema al decir que “La prensa debe ser objeto de la máxima protección jurisdiccional en todo cuanto se relacione con su finalidad de servir leal y honradamente a la información y a la formación de la opinión pública, pero ese especial reconocimiento constitucional no significa impunidad ni elimina la responsabilidad por los delitos y daños cometidos” (CSJN, Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich G. y otros, Fallos: 315:1492.), pues “Si la prensa excede los límites que le son propios y causa, sin derecho, perjuicio a los derechos individuales o personalísimos de otro, afectando su libertad individual, su dignidad, su vida privada e intimidad, y ha desconocido la esfera personal, […] es responsable civil o penalmente del ejercicio abusivo de su derecho” (CSJN, Vago, Jorge A. c/ Ediciones de La Urraca S.A. y otros, Fallos: 314:1517.)

Lo que no se puede limitar es la decisión de difundir o no difundir y el contenido mismo de la idea; pero sí pueden preverse legislativamente las consecuencias cuando esas expresiones lesionan derechos.

En este marco, por último, cabe hacer un análisis especial del “interés público” como contenido esencial de la protección constitucional mencionada.

Es que la esencia de la libertad de prensa tiene una directa relación con el interés público de lo que informa. Pero no es el emisor quien determina qué constituye interés público: este se vincula con los asuntos que afectan la salud de la democracia, el estado de derecho y las instituciones. Respecto en específico de las personas, ha de evaluarse si aquellas a quienes se afecta con los dichos públicos se hayan sometidas voluntariamente al escrutinio público.

La CSJN ha sido contundente al respecto, al decir que “La libertad de expresión goza de protección constitucional prevalente […] en la medida en que se refiera al desempeño público o conducta de un funcionario o figura pública, […] que cuente con base fáctica suficiente y contribuya en la formación de una opinión pública libre” (CSJN, De Sanctis, Guillermo Horacio c. López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios, 17/10/2019, voto del Dr. Rosatti.)

Lo mismo ha dicho la CIDH: “Si las personas a las que se referían las expresiones incriminadas no eran funcionarios públicos ni figuras públicas, el asunto no era de interés público” (CIDH, Mémoli c. Argentina, Serie C 265; 22/8/2013; voto del Juez Pérez Pérez.)

La Corte Suprema, incluso ante denuncias de corrupción, ha dicho que: “La necesidad de una prensa libre no sirve por sí sola como argumento para negar la protección a cualquier individuo sujeto de una denuncia falsa, distorsionada, tendenciosa e incluso mordaz”, pues No todo comunicador goza de la protección periodística. Cuando se trata de individuos sin funciones informativas reconocidas, las garantías de la libertad de expresión ceden ante los derechos personalísimos.  (CSJN, Menem, Eduardo, 20/10/1998, LL 1998-F, 617.) y que la libertad de prensa tiene mayor amparo si se refiere a figuras públicas o asuntos de interés general con base fáctica, pero no ampara calumnias contra personas privadas. (CSJN, “De Sanctis c/ López de Herrera”, 17/10/2019; CIDH, “Mémoli c/ Argentina”)

Se sabe que la dignidad es un atributo del ser humano (Los animales no humanos, a criterio del autor, sin duda también tienen gozan de ese atributo. No hay duda que mientras los animales no humanos sean considerados jurisprudencialmente como sujetos de derecho, de inmediato se abre la interpretación sobre sus atributos. Sigue sin haber duda, consecuentemente, en que no cabría prácticamente ningún otro atributo antes que la dignidad -pues es, lamentablemente, discutible su derecho a la vida en nuestro sistema jurídico-), que lo acompaña desde su propia existencia y que es base incluso de la consideración de los derechos humanos que a cada individuo o colectivo le pertenece. Este principio se relaciona con la facultad de cada uno de vivir su vida en paz, de desarrollarla socialmente y de permitirse hacer real su proyecto de vida, el desarrollo de su personalidad.

De este derecho gozan también los integrantes de una persona física, en atención a aquello que su objeto anhela.  El reconocimiento de tales esfuerzos por la sociedad resulta ser base para poder continuar en la justa realización de su objeto, pues no cabe derecho a que se desconozcan o malinterpreten sus fines.

En relación a ello, toda sociedad parte de la convivencia social pacífica, erigida como el principio de que ningún ciudadano tiene derecho a ofender a otro públicamente por el simple hecho de querer modificar una situación dada. Así lo tiene dicho específicamente nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, al indicar que “No hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada” (Corte Sup., 29/9/1998 Gorvein, Diego R. v. Amarilla, Juan H.; del voto de los Dres. Petracchi y Bossert [LNOL 991368].)

Es así, que como contracara del derecho a convivir pacíficamente en la sociedad (fruto además de la intangibilidad de la persona humana), se erige el reconocido deber jurídico-constitucional de “no dañar”. Este principio parte por un lado de la propia Constitución Nacional y del derecho Convencional (Aquí nos referimos como “Derecho Convencional” a aquel que proviene de convenciones o pactos internacionales, sobre todo de aquellos relacionados directamente con derechos humanos y que, conforme lo dispone el Art.75 Inc.22 de nuestra Constitución Nacional, gozan de su jerarquía.), quienes hacen constantes referencias a bienes jurídicos y a Derechos Humanos que deben respetarse por la totalidad de la población. Es que, como dice Soler, es el honor "la valoración integral de una persona en sus relaciones ético-sociales" (Soler, Sebastián, Tratado de Derecho Penal, t. III, TEA, 1996, p. 201, escogido por su envidiable claridad al expresar esta idea).

El honor constituye, entonces, “la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma. Este derecho presenta una faz subjetiva (relacionada con la autoestima del individuo) y una faz objetiva (relacionada con el buen nombre o reputación). Lesionar una u otra implica un menoscabo a la persona y merece protección legal." (Cifuentes, Santos. "Derechos personalísimos", 2da. ed., Astrea, p. 456; Rivera, Julio C. "Instituciones de derecho civil", T. I, pág. 822) 

A continuación, pues, es la propia Constitución Nacional la que pone en cabeza de nuestro Congreso (Art.75 inc.12) la creación del Código Civil —o código de convivencia, en la palabra de muchos autores—. Es así que el Código Civil y Comercial (tal es su actual denominación)entonces, lo contiene y sustenta en su letra y espíritu al indicar en su Art.1716 que “La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código.”

Me permitiré compartir la razón por la que existe un subacápite en este artículo dedicado a las personas jurídicas. En el marco de un caso en que a este autor le tocó participar como patrocinante de una Asociación civil extranjera que había sido ofendida en su honor, el planteo del letrado de la contraparte fue -después de proferir alguna lamentable frase despectiva e insultante contra su colega- fue que “las personas jurídicas no tienen honor”. En total desacuerdo con esa postura, he de decir que ellas mismas se erigen justamente en atención al objeto que persiguen, el que les otorga su propia esencia.

Ningún ordenamiento jurídico ha mezquinado en otorgar una notable importancia a las personas jurídicas en el desarrollo de una sociedad, y mucho menos a aquellas que, sin fines de lucro, contribuyen de manera desinteresada al bienestar y progreso de la comunidad.

Nuestro Código Civil y Comercial, de hecho, establece una relación de género/especie entre las categorías de “persona” (como género) y las de “persona humana” o “persona jurídica” como especies de la misma (Poco falta para el reconocimiento de los animales no humanos como la tercer categoría faltante: Personas físicas no humanas.). En el desarrollo de todo el códice de fondo, esta distinción se observa con absoluta claridad, puesto que en no pocos artículos (19, 22, 32, 51, 62, 73, 93, 193, 1004, 1092, 1093, 1464, 1617, 1671, 1673, 1678, 2154, 2158, 2165, 2182, 2613, 2616, entre otros) éste se ha referido expresamente a la persona humana, mientras que en muchos otros lo hace específicamente respecto de la persona jurídica (142 a 144, 146, 151, 152, 154, 158, 161, 188, 197, 305, 358, 1192, 1494, 1496, 1678, 1763, 2044, 2152, entre otros).

De hecho, cuando el digesto cree conveniente distinguir entre ellas lo ha hecho también con manifiesta claridad (obsérvense para ello los Arts. 1093, 1464, 1671, 1673 y 2065).

En este sentido, emerge la presencia del principio jurídico Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, expresivo de que “no corresponde efectuar distinciones donde la norma no lo hace” (CSJN, Soldati, Santiago Tomás (TF 17.172-1) cl DGI, y en Fallos 304:226 citados en dicho precedente). Resulta al parecer de este autor, bastante claro que cuando el Art. 1737 de nuestro Código refiere allí a la defensa de un interés no reprobado que tenga por objeto a la “persona” se refiere tanto a la persona humana como a la persona jurídica pues, de lo contrario, solo se habría referido a la primera (o a la segunda).

Por lo demás, la posibilidad de una persona jurídica de defender su imagen pública, generada como fruto de su laborioso obrar, se muestra como un derecho justo de manera lógica y natural.

Es que si las normas dan tanta importancia a estas organizaciones de personas, con el afán de propiciar con ello el derecho constitucional de “asociarse con fines lícitos” (Art.14 CN), parece lógico que permita también que estas entidades puedan protegerse de ataques injustificados por parte de terceros.

Lo contrario implicaría, sencillamente, que todo su desarrollo, su crecimiento y participación en la sociedad civil se vieran vulnerables e indefensos frente a la lesión de quienes impunemente los dañen. No parece esto último ni lícito ni justo.

La protección no se limita a personas humanas. La imagen pública de una persona jurídica también está amparada. El daño puede surgir de expresiones que desacrediten su accionar, afectando su desenvolvimiento institucional.

Nuestro Código Civil y Comercial regula las situaciones donde se rompe con la convivencia social pacífica, dañando a otro. Así pues, el Art. 1737 explicita claramente esa situación bajo el concepto de “daño”, al indicar que: “Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”.

Se requiere, también, que dicho daño tenga carácter de antijurídico para que exista el deber de repararlo, pues Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada, señalando luego como causales de justificación de la acción dañina al ejercicio regular de un derecho,  la legítima defensa, el estado de necesidad y el consentimiento del damnificado (Arts. 1717 y 1718 C.C.C.).

Y por último, ha de tenerse en cuenta que “La atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos (…)” y que “Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. (…) El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos”

(Arts. 1721 y 1724 C.C.C.).

El “honor” es nada menos que un bien jurídico consagrado como Derecho Humano y parte esencial de nuestros derechos fundamentales (Art.75 inc.22 C.N.).

Se puede partir, para decir esto, que el derecho al honor forma parte de los derechos no enumerados a los que se refiere el Art.33 C.N. y, como tal, encuentra su fuente en la inconmensurable significación de la dignidad humana, que es anterior a todo derecho derivado de las instituciones creadas por el hombre (Id SAIJ: SUTF 001503.)

El Art.33 de mención se creó ya con la constitución de 1853. En el informe de la comisión examinadora se dijo que: “los derechos de los hombres que nacen de su propia naturaleza no pueden ser enumerados de manera precisa. No obstante, ellos forman el derecho natural de los individuos y de las sociedades, porque fluyen de la razón del género humano, del objeto mismo de la reunión de los hombres en una comunidad política y, sobre todo, del fin que cada individuo tiene derecho a alcanzar”. (Conf. Pto. II del Informe de la Comisión examinadora de la Constitución de 1853, en Las constituciones de Argentina (1810 – 1972). Recopilación, notas y estudio preliminar de Sampay, Arturo Enrique, EUDEBA, Buenos Aires, 1995, p.391.)

La idea de este derecho ya se englobaba en la concepción iusnaturalista que predica la existencia de derechos anteriores a cualquier organización estatal, ligada al principio de la soberanía del pueblo y la dignidad humana en su potestad para realizar su vida a su voluntad.

A posteriori suyo, dio aún mayor entidad a este derecho su condición de Derecho Humano con jerarquía constitucional. Así, encuentra protección en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al indicar que: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad” (Art. 11).

A su turno, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar” (Art. V).

También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 12, indica que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”

Por último, y sin ánimos de hacer una enumeración aburrida de la cuestión, no puede dejarse de mencionar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, considera que: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”, e indica expresamente en su Art. 17: “Nadie será objeto […] de ataques ilegales a su honra y reputación”, al tiempo que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Se trata entonces de un Derecho Humano que se precia de tal característica por ser parte de aquellos que son necesarios para la propia vida en sociedad, y que es considerado esencial por cuanto forma parte de la misma dignidad humana.

Al respecto, se ha dicho que los magistrados deben asegurar el respeto por estos derechos, interpretando correctamente, haciéndolos valer incluso controlando la legislación emanada del Congreso, en atención a que estos derechos gocen de su efectiva realización.

“En estas convenciones, la enunciación de derechos se ha extendido de tal modo que el problema ya no es tanto el de reconocer los derechos no enumerados, sino el de remover los impedimentos que traban su ejercicio efectivo e impiden el empleo de las garantías” (Gelli, María Angélica. Constitución Nacional comentada y anotada. La Ley, 2011. T.1, p.487.)

La jurisprudencia ha reconocido que la afectación al honor, incluso si se realiza sin intención deliberada de ofender (sin animus injuriandi), da lugar igualmente a responsabilidad civil. El régimen civil protege un bien jurídico diferente al penal, y lo que importa es el carácter injusto del daño, no la intención. (Cámara Civil, “M., C. A. c/ C., J. R.”, SUC0410435; Cámara de Apel. de Córdoba, “A. N. L. c/ V. C. M.”, 19/12/2022)

El art. 1089 del Código Civil de Vélez Sarsfield (vigente en los hechos del fallo) establece la obligación de reparar los daños por calumnias e injurias. La calumnia se configura por falsa atribución de delito doloso (art. 109 CP), mientras que la injuria comprende todo menosprecio que no sea calumnia. (Belluscio-Zannoni, CC Comentado, T. 5, pág. 246)

El derecho al honor está expresamente protegido por el art. 52 del Código Civil y Comercial, que contempla la posibilidad de reparación por afectaciones a la dignidad, imagen, honra o reputación. A su vez, el art. 1770 impone indemnización si se perturba la intimidad o mortifica a otros en sus sentimientos. (Lorenzetti, Código Civil y Comercial Comentado, T. I, págs. 279-280 y 642-643)

La protección del honor, tanto de personas humanas como jurídicas, constituye un pilar esencial en un Estado de Derecho que aspira a garantizar la convivencia social pacífica. La libertad de expresión, aunque fundamental para el sostenimiento del régimen democrático, no es un derecho absoluto: encuentra sus límites naturales en la necesidad de respetar la dignidad de los demás.

La responsabilidad civil derivada de publicaciones difamatorias no solo tutela intereses individuales, sino que también refuerza valores comunitarios básicos como el respeto mutuo, la confianza social y la buena fe.

En consecuencia, el derecho argentino, en armonía con los estándares internacionales de derechos humanos, dispone de herramientas sólidas para sancionar y reparar los daños al honor, reafirmando que la libre expresión y la tutela de los derechos personalísimos deben coexistir en un equilibrio razonable y justo.